Reforma tributaria y seguridad cultural

El país está discutiendo otra reforma tributaria. Año tras año, gobierno tras gobierno, se le propone al Congreso de la República discutir y aprobar una nueva reforma. Todas estas iniciativas legislativas tienen algo en común: en ellas el tema de la cultura, de su fomento, de su financiación, de su tributación, no ha sido estudiado y mucho menos discutido de manera integral.

A raíz de las voces de alerta que se han oído últimamente sobre los peligros que encierra esta nueva reforma, la viceministra técnica del Ministerio de Hacienda dijo, en artículo publicado en Lecturas Dominicales de El Tiempo el pasado 9 de septiembre: “El proyecto de reforma tributaria que el gobierno ha puesto a consideración del Congreso tiene como pilares fundamentales la competitividad, la simplicidad, la equidad y la sostenibilidad.

No está en mente del gobierno afectar ningún sector de la economía, ni generar favorecimientos especiales. Por el contrario, lo que busca es asegurar las bases para un crecimiento económico más equilibrado y sostenible, en este orden de ideas, tampoco está en la mente del gobierno afectar sectores tan importantes como la cultura.” Y acto seguido agrega: “[…] también es cierto que el Ministerio estudia, en concertación con el Ministerio de Cultura, la mejor alternativa que permita asegurar los recursos necesarios para atender la política cultural.” Si esta es de verdad la intención del gobierno, es inaplazable analizar hoy, de manera global, los recursos tanto públicos como privados con que se financia la actividad cultural en Colombia, ya que con esta reforma está en juego algo fundamental para este país: el fomento a la cultura, su subsistencia, su crecimiento equilibrado y sostenible.

Y es indispensable que el gobierno nacional y nuestro Congreso analicen el tema de forma integral y definan una política pública a largo plazo para la financiación de la actividad cultural. Así, en el marco de discusión de esta reforma se presenta una importante oportunidad para que, dentro de la agenda del gobierno nacional y del Congreso, se defina el papel que la cultura está llamada a jugar, no sólo como espacio para la creación de identidad nacional —tema por demás garantizado en la Constitución y desarrollado en la Ley de Cultura— sino como actividad económica.

Debemos decir que, desde el sector cultural, hemos realizado grandes esfuerzos en los últimos años para entender y dimensionar nuestra realidad económica y que, gracias a entidades nacionales públicas y privadas e internacionales, se ha desarrollado un juicioso análisis sobre el aporte de la actividad cultural en la generación de empleo y riqueza para este país. Hemos analizado la cultura frente al mercado mundial de los bienes y servicios y dentro del esquema de un mundo globalizado.
Estudios como estos han servido, entre otros, como referente técnico para que el Congreso, en el año 2003, promulgara la importante Ley del Cine, la cual ha permitido un incremento de la producción y calidad de las películas colombianas. [Véase la página ii de nuestro Magazín.]

Es tiempo, pues, de retomar todos estos estudios y, de la mano del gobierno, hacer un análisis a fondo del tema, que permita definir una política económica que asegure una estabilidad de la financiación de la cultura, normas claras de juego y mecanismos idóneos de promoción y sostenimiento de la cultura.

El Instituto Distrital de Cultura y Turismo está empeñado hoy en abrir espacios de financiación de la actividad cultural dentro del marco de la responsabilidad social empresarial, con lo cual reconocemos, al igual que el gobierno, que es indispensable una estructura fiscal clara y equitativa que permita a los particulares asumir esquemas de corresponsabilidad en la realización de proyectos culturales.

La cultura es un sector que genera en el mundo las más grandes posibilidades de creación de nuevos empleos, y además representa, en algunos países desarrollados, más del 10% del Producto Interno Bruto. En fin, la cultura puede tener un gran potencial económico, pero es claro que el Estado debe tomar partido y decidir hacia el futuro si le juega o no a la cultura como motor de la actividad económica, como generadora de todo tipo de riqueza. En conclusión, frente a la reforma tributaria ya es hora de que el país decida qué quiere hacer con la cultura, ojalá para colocarla dentro de marcos que permitan que, de manera cierta, sea un factor que contribuya al desarrollo.