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La Constitución de 1991 y la cultura

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Otty Patiño
Delegatario a la Asamblea Constituyente 1991
Observatorio de Culturas

Celebrando la proclama ción de la Constitución del 91.La Asamblea Constituyente que discutió, aprobó y promulgó la Carta Política actualmente vigente fue el acontecimiento político más importante del pasado siglo y un hecho cultural sin precedentes. Un país escondido en la trastienda del bipartidismo y de la violencia emergió en ese momento de democracia y logró proponer una agenda de paz y convivencia basada en el reconocimiento de los derechos y en la soberanía popular como bases del nuevo régimen político.

Tal momento de democracia fue posible porque hubo la disposición de un gran sector de la guerrilla para incorporarse a la lucha política abandonando las armas, así como la comprensión de una importante, aunque minoritaria, porción del establecimiento sobre la urgente necesidad de una trasformación profunda y pacífica que insertase a Colombia en el nuevo mundo que se empezaba a gestar después de la caída del Muro de Berlín. Muchachos universitarios se metieron en la brega de ese instante de la historia a través de una papeleta electoral que ordenaba la convocatoria a una asamblea constituyente.

Indígenas como Lorenzo Muelas, sindicalistas del sector público como Angelino Garzón, líderes del magisterio como Abel Rodríguez, sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica como Aída Abella, cristianos no católicos como el pastor Jaime Ortiz, liberales de verdad como Alfonso Palacio Rudas, conservadores inteligentes como Álvaro Gómez Hurtado, abogados honestos como Juan Carlos Esguerra, revolucionarios sin tacha como Antonio Navarro, mujeres valientes como María Mercedes Carranza, mostraron la realidad de un país rico y diverso pero empobrecido por quienes habían gobernado mediante la exclusión, la violencia y el fraude.

La Constitución de 1886 había fracasado en su intento de crear una república democrática. El terco empeño de construir un orden a rajatabla constriñó libertades, desconoció derechos, generó violencias y lesionó la pluralidad cultural de nuestra nación. También dejó profundos escepticismos frente al imperio de la ley, rabiosas inconformidades frente a las injusticias, curiosas anomalías para preservar la barbarie con perversos acostumbramientos al uso de la fuerza por encima de cualquier razón y relación civilizada.

Por esas razones, la Constitución de 1991 pone las cosas al derecho cuando establece, en su artículo 2º, entre los fines esenciales del estado «servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución». Y en su artículo 7°, «el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana ». En el mismo sentido, en su artículo 70 consagra que «la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país».

Además de los ya citados, la Constitución Nacional tiene cerca de 30 artículos referidos a los grupos étnicos y a sus diversas y particulares culturas entre los que se destacan: «Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación» (Art. 8). «... Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias, será bilingüe» (Art. 10). «Las tierras de resguardo... son inalienables, imprescriptibles e inembargables» (Art.63). «... tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural...» (Art. 68). «Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas» (Art. 286).

Frente al nuevo ordenamiento mundial en ciernes, la Constitución le señala a Colombia un rumbo clarísimo, a partir de las identidades culturales con los países latinoamericanos. Es así como en el preámbulo mismo advierte que la Carta Política tiene como objeto crear un marco jurídico «… que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana». Esto mismo lo subraya en el artículo 9° cuando ordena que «… la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe».


En el Capitolio Nacional, constituyentes de 1991. Entre ellos, los presidentes de esa asamblea, Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolff.
A su izquierda , Augusto Ramírez Ocampo, recién fallecido.


El capítulo II de la Carta Política está enteramente dedicado a los derechos sociales, económicos y culturales, como un todo orgánico e indivisible. Dentro de estos derechos, los consagrados en el artículo 52 se refieren a temas de singular importancia para nuestro sector: «Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas».

Por supuesto que las constituciones son más bonitas que la realidad. Sin embargo, cabe destacar que en Bogotá la Constitución Política que se promulgó hace 20 años ha sido una guía real para sus gobernantes y un instrumento valioso para que sus habitantes se apropien y restauren sus derechos cuando alguien los vulnera. Esto no debe cambiar.